15 noviembre 1999

Contra la razón, el bolsillo...

Obra de Paco Chika

Hay gente empeñada en la permanente negación y satanización de todo cuanto no suyo se hace. Hay quien se afana en la permanente farfolla y en la burda manipulación de los datos y los actos que no le son afectos. Son carroñeros públicos a la vez que melosos fuleros en lo privado. Y no, no es un juego de palabras esto que digo. A poco que miremos a nuestro alrededor se pueden poner nombres y apellidos.

De nuevo me veo obligado a escribir de economía, de los impuestos que al gobierno central o al municipal pagamos. Y decir, primero, que la insistencia que hacemos en manifestar la importancia que tiene el manejo de la economía nacional en nuestros asuntos no es echar balones fuera. Las medidas que toma, o no, el Gobierno de la Nación inciden determinantemente en la realidad y evolución económica municipal. No, no es baladí, pues determina la mayor o menor necesidad que se tiene de hacer lo que esos a los que nos referimos definen vulgarmente como “clavar” a los conciudadanos.

Así se nos muestra con la negación que hace el gobierno del PP de no reconocer a 400.000 andaluces -todos los menores de 11-12 años- como ciudadanos con derechos económicos y capacidad legal de participar en la distribución de los tributos del Estado, que es, además de una injusticia social, un ataque a los sistemas tributarios dependientes, es decir, a los Presupuestos Autónomos Andaluces y a los Presupuestos Locales Andaluces, pues con ello, se trata de impedir que los ciudadanos “no-reconocidos”, disfruten de la parte de los presupuestos estatales a la que tienen derecho en materias como la educación, la salud, la asistencia social, la cultura, el deporte, la construcción de nuevas escuelas y calidad educativa, al desarrollo de un mejor transporte, de los programas de igualdad y solidaridad social o los de desarrollo económico y empleo, tratando de crear conflictos sociales o justificando ello en su propaganda partidaria como ineficacia, en el caso de no prestarlos o de despilfarro, en el caso de sí. En fin, todo un logro.

Con ello consiguen además de un ataque a las haciendas autónoma y locales andaluzas, pues éstas, en lógica social y de justicia no sólo no recortan las partidas de inversión, lo cual les sirve de coartada para situarnos en la perversión económica y, o tratar de paralizar el desarrollo del conjunto de la comunidad. No hay que insistir mucho para saber que la necesidad de recursos para lo que demandamos es ingente.

Así, al mantener el nivel impositivo necesario mediante la redistribución tributaria, lo que supone, evidentemente por mínimo que sea –nadie lo ha negado- un aumento de la aportación individualizada en los distintos conceptos tributarios que la componen, nos acusan de atentar al bolsillo de los ciudadanos. Es decir, en la práctica, estos del PP tratan de castigarnos –y no por que les interese los problemas reales de la mayoría sino porque esta política afecta más a los que más tienen- por crecer humana y económicamente, por ser solidarios y progresistas. Todo un logro lo de estos señoritos.

Segundo, es verdad que también hay otros factores que en lo más particular, la gestión municipal, nos afectan. De ahí que estemos empeñados en obtener un nivel mayor de eficacia en el manejo de los recursos municipales empleando lo estricto e invirtiendo en aquello útil para el progreso que nos debemos. Estamos trabajando por minimizar los costes por los servicios que prestamos -otro día hablaremos del Ayuntamiento como motor o “empresa” de empleo y sus costos y beneficios-, o por la mejora de los servicios que nos son necesarios. Desde luego, lo que no se puede pretender es que se haga desarrollo y solidaridad por obra y gracia del espíritu santo.

Y ejemplos económicos: haylos. Uno el socialdemócrata sueco del estado del bienestar donde los ciudadanos aportan tributariamente a la sociedad entre el 40 y el 50 por ciento del dinero que generan, lo que les permite ser una de las máximas potencias económicas, tener los niveles más envidiados de servicios, calidad y disfrute de vida o detentar las cuotas de desempleo más ridículas del mundo. Otro, el neo-liberal aplicado por la Thacher en Inglaterra, practicado hay que decirlo también sólo unos 10 años de los 150 de capitalismo, a pesar de la verborrea en torno a ello, y que significa técnicamente que el Estado preste menos servicios y que estos los disfruten sólo quienes se los puedan permitir para así pagar menos impuestos, sobre todo, los individuos y clases pudientes económicamente, o en el caso de su aplicación en el Chile del “pobrecito” Pinochet con su corolario de represión y asesinatos, de millones de desempleados, de miseria social y cultural, falta de libertades y derrota de las conquistas democráticas. No hay que ser muy agudos para saber de qué virtud económica, para qué o quien, y más, acerca de la razón y del valor de una distribución económica y sus beneficios u otra.

Sí, hay una relación absolutamente directa entre lo que aparece como debates, imágenes, aparentes elucubraciones políticas y la lucha por la racionalidad social y económica, por conseguir una redistribución cada vez más equitativa de la riqueza que generamos y una sociedad más justa y más culta.

Es claro para nosotros que el sistema tributario español tiene que ser más equitativo, tiene que racionalizarse más, tiene que acabar con las incongruencias cual la de que a Andalucía y sus ciudadanos se le niegue sus derechos y que a las administraciones autónoma y locales se nos obligue a grabar más a nuestros ciudadanos por unos servicios que a otros les son regalados. ¿O es que alguien se cree que sólo sabemos subir los impuestos, que no somos capaces de gestionar la abundancia?

Somos muy en parte lo que somos porque la España va bien del PP y su gobierno es incapaz de contener la inflación, es decir la subida permanente de los precios -otra fuente no menos directa de obligarnos a mayor cantidad de impuestos o de reducir servicios- porque con su gestión la competitividad de la economía nacional medida en déficit comercial ha perdido en los últimos ocho meses el 60%, porcentaje que ahora tenemos que comprar de más en el extranjero. Porque el gobierno del PP regala a las compañías eléctricas un billón trescientos mil millones de los que ya nos han rapiñado más de 300.000 con los recibos de la luz. Porque malvendió Telefónica, entonces sí de todos, permitiendo que se estén repartiendo estos días -que sepamos- el botín de 40.000 millones entre sus máximos “dirigentes” nombrados por el PP.

No os asombra la beligerancia contra Andalucía en contraste con los 200.000 millones que ha pagado el PP por la Alcaldía de la ciudad de León y el mantenimiento de su gominoso alcalde.